lunes, 10 de diciembre de 2012

GUSTAVO LOPEZ EN LA SEGUNDA DE CHILE


Esta fue una intensa semana para el gobierno argentino, la que finalizó con el dictamen de la justicia argentina que -a última hora- decidió ampliar la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín, para que en su caso no sea aplicada la Ley de Medios, que entra a regir hoy en Argentina.

Mientras algunos celebran el fallo como un triunfo de la independencia de la Justicia, otros lo consideran un retroceso en el camino trazado para eliminar los monopolios comunicacionales existentes en el país.

"Clarín hoy tiene el 59% del mercado del cable y la ley lo retrotrae al 35%. Tiene superposición de empresas de cable y canales de televisión abierta en cuatro localidades: Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca y en Corrientes. En estas áreas, la ley lo obligará a decidir a vender el canal de cable o el de televisión abierta. Además, tendrán que desinvertir. Es decir, vender o partir la sociedad entre los socios".

Este es el escenario del mayor conglomerado mediático de Argentina, indica a "La Segunda" Gustavo López , subsecretario general de la Presidencia de Argentina e histórico promotor de la polémica Ley de Medios.

El ministro "K" insiste en que la iniciativa busca "reponer límites antimonopólicos que siempre existieron. En la década del 90 -que fue nuestra época neoliberal-, leyes y decretos modificaron la ley de radiodifusión (que era de la dictadura), eliminando y ampliando los límites que tenían los monopolios. Y al cabo de 10 años, entre los años 89 y 99, se conformaron grandes conglomerados que incluyen estos medios".

"Hoy, con el 60% de los abonados del cable que tiene el Grupo Clarín, es imposible la libre competencia porque tienen la posición predominante del mercado", puntualiza López.

A la luz de todos los dictámenes de los tribunales argentinos -señala-, el Grupo Clarín tendrá que acatar la Ley de Medios y presentar un plan de adecuación, "salvo que el juez Horacio Alfonso, en primera instancia, declare inconstitucional la normativa 161 de desinversión", advierte López.

-En el caso de que la justicia no declare inconstitucional la Ley de Medios, ¿qué pasa si Clarín no presenta un plan de adecuación o reducción de sus licencias?

-Si no lo presenta, se deben licitar (sus líneas de negocios).

-¿De qué plazos estamos hablando?

-El proceso de licitación lleva alrededor de 100 días hábiles, desde el 10 de diciembre en adelante. Alrededor de seis meses dura el proceso, durante el cual hay que nombrar tasadores que deben evaluar económicamente al grupo, y luego se llamará a licitación a las partes de la empresa, a las licencias de menor valor. Finalmente, el proceso licitatorio garantizará que ningún trabajador quede en la calle.

-Han denunciado que se ha actuado con desigualdad con otros medios como Telefé.

-Eso lo dice el grupo Clarín y no han sido tocados (los otros medios) hasta ahora, porque el plazo del 7 de diciembre no ha vencido. En esa fecha (hoy), todos los grupos deben presentar su plan de adecuación. Clarín dice que al resto no se les aplicará la ley. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -órgano regulador- dice que sí se hará, y que se ocuparán los mismos parámetros para todo el mundo.

- ¿Y si no se aplica la ley de la misma manera para todos?

-Sería muy sencillo para Clarín presentarse a la justicia y denunciar a los medios que no han sido obligados a desinvertir o, de hacerlo, lo hacen con un criterio diferente.

"El Estado ha dicho, a través de Afsca, que aplicará el mismo criterio para todos", puntualiza.

"No necesariamente el grupo tiene que perder"

-¿El gobierno ha estimado en cuánto ascenderán las pérdidas económicas del grupo Clarín?

-No necesariamente tiene que perder . El derecho internacional establece que, si vende a un precio menor, el grupo tendrá derecho a una indemnización. Esto es lo que dice el fallo de la Corte del 22 de mayo. El grupo puede seguir diciendo lo mismo que dice, pero lo dirá en menos medios. Si cree que mal vende, tendrá derecho a un juicio contra el Estado.

-¿Tendrá derecho a una reparación económica?

-Sí, si considera -y demuestra en un juicio- que vendió por un menor valor.

-¿Con esta medida se busca callar a la oposición, con miras a reformar la Constitución y perpetuar el mandato de la Presidenta?

-No es así. Lo que nosotros buscamos es democratizar los medios. Si alguien tiene el manejo de la opinión pública, es muy difícil que haya libertad de expresión. En la mitad de las ciudades argentinas hay una sola empresa de cable. Durante 10 años, el Grupo Clarín se fue quedando con la competencia a través de una práctica predatoria. Lo que nosotros queremos es abrir el mercado. Que haya más voces. ¡Esa es la discusión de fondo!

"Además, no está en vista del gobierno ninguna reforma constitucional", recalca el subsecretario.