Era un disparate y así se lo hizo saber la Corte. Era una especie de golpe institucional a través de la justicia, pero lo más descabellado resultó ser la posición de la justicia mendocina que, hasta que intervino la Corte, suspendió la aplicación total de la ley.Han pasado más de tres años desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y todavía la justicia no dio su veredicto definitivo sobre la constitucionalidad de la norma, y ese es uno de los temas que abarca la democratización.
En nuestro sistema jurídico las leyes cobran vigencia una vez sancionadas, promulgadas y publicadas en el Boletín Oficial. Aquí no existe un Tribunal Constitucional, como en sistemas parlamentarios, que dictaminen antes de la aplicación de las leyes. Estas son válidas desde el momento de su publicación, salvo que la justicia declare la inconstitucionalidad para cada caso en particular. ¿Se puede tardar casi un mandato presidencial para analizar la constitucionalidad de una norma? Suena ilógico.
Ningún país podría funcionar si todas y cada una de las leyes quedaran suspendidas sin plazo, por decisión de un juez. En ese caso el Poder Judicial se transformaría en Poder Legislativo. Imaginemos por un instante que un juez de cualquier jurisdicción hubiere impedido a través de un amparo la renegociación de la deuda externa, que otro hubiera frenado la reestatización de los fondos de jubilaciones y un tercero, la recuperación de YPF o que no se hubiera dado curso a los juicios por violaciones a los derechos humanos. Estaríamos frente a otro país, con otra economía, sin trabajo, con millones de desocupados y con los genocidas en libertad.
Es decir, gobernarían otros sin haber ganado una elección. Lo que sucede con la suspensión de la Ley de Medios es sólo un ejemplo de la necesidad de la democratización de la Justicia. El ex presidente Néstor Kirchner había dado el primer paso al establecer un mecanismo de participación y transparencia al designarse a los miembros de la Corte. Los nuevos integrantes pasaron por el derecho de oposición de la opinión pública y hoy tenemos una Corte que dista mucho de aquella de mayoría automática que permitió el desguace del Estado.
Hoy, la propuesta de reforma a través de un conjunto de leyes, permitirá transparentar el funcionamiento tanto de la justicia como del órgano político constitucional que es el Consejo de la Magistratura, garantizará mayor participación popular directa en la elección de sus miembros, igualará a los funcionarios judiciales a los de los otros poderes del Estado y establecerá herramientas que eviten el abuso de posición de los grandes grupos económicos frente a la señora de ojos vendados.
Se necesita entonces, una justicia más transparente e independiente que garantice el imperio constitucional por sobre todas las cosas.