El 2 de abril de 2010 escribí en Página 12 una nota titulada "Golpear la puerta de los Juzgados", en ocasión que el Diputado Enrique Thomas, después de perder la votación por la Ley de Medios, se presentó a la justicia federal de Mendoza pidiendo la nulidad de lo actuado por el Congreso.
El pedido era un disparate y así se lo hizo saber la Corte. Era una especia de golpe institucional a través de la justicia, pero lo más descabellado resultó ser la posición de la justicia mendocina que, hasta que intervino la Corte, suspendió la aplicación total de la ley.
Han pasado más de 3 años desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y todavía la justicia no dio su veredicto definitivo sobre la constitucionalidad de la norma.
En nuestro sistema jurídico las leyes cobran vigencia una vez sancionadas, promulgadas y publicadas en el Boletín Oficial. Aquí no existe un Tribunal Constitucional, como en sistemas parlamentarios, que dictaminen antes de la aplicación de las leyes. Estas son válidas desde el momento de su publicación, salvo que la justicia declare la inconstitucionalidad para cada caso en particular.
¿Se puede tardar casi un mandato presidencial para analizar la constitucionalidad de una norma? Suena ilógico. Ningún país podría funcionar si todas y cada una de las leyes quedaran suspendidas sin plazo, por decisión de un juez. En ese caso el Poder judicial se transformaría en Poder Legislativo.
Desde el 25 de mayo de 2003, el país está viviendo un proceso de transformación sólo comparable con la irrupción de Yrigoyen como primer gobierno popular del siglo 20, o la llegada de Perón al poder después de la gesta del 17 de octubre del 45 y la primavera Alfonsinista de la recuperada democracia, después de la noche más oscura de la Argentina.
El gobierno de Néstor Kirchner terminó no sólo con 15 años de neoliberalismo, sino que sentó las bases de un cambio estructural que se cristalizó con la actual Presidenta. Las reformas estructurales que hacen a la recuperación del papel del Estado se reflejan en la reestructuración de la deuda externa, el pago al FMI, la reestatización de los fondos jubilatorios, la recuperación de la soberanía energética con YPF y la política de integración con aerolíneas; el control sobre el excedente financiero y la puesta en marcha de créditos productivos con la reforma de la carta orgánica del banco Central. Un modelo de expansión económica basada en el consumo y producción con sustitución de importaciones, la generación de 5 millones de puestos de trabajo y la jubilación de aquellos a los que el modelo conservador había dejado fuera del sistema.
En el plano del derecho, el juicio y castigo al Terrorismo de Estado, la renovación de la Corte Suprema ,el matrimonio igualitario, la ley de género, la democratización de la palabra y en poco tiempo, la recodificación Civil, Comercial y Penal.
Ahora bien, imaginemos por un instante que un juez de cualquier jurisdicción hubiere impedido a través de un amparo la renegociación de la deuda externa, que otro hubiera frenado la reestatización de los fondos de jubilaciones y un tercero, la recuperación de YPF o que no se hubiera dado curso a los juicios por violaciones a los derechos humanos.
Estaríamos claramente frente a otro país, con otra economía, sin trabajo, con millones de desocupados y con los genocidas en libertad. Es decir, gobernarían otros sin haber ganado una elección. Lo que está sucediendo con la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un ejemplo del mal uso y abuso de la Justicia por parte de algunos sectores. Los poderes económicos, quienes históricamente controlaron los hilos de la política y cuando no pudieron comenzaron en 1930 con los golpes de Estado, recurrieron a partir del 83 a las corridas cambiarias o a los golpes de mercado.
En esta última década se toparon con un gobierno convencido de que la única posibilidad es dar pelea sin entregar las convicciones, y por eso utilizaron a otro poder del Estado, como el Judicial, para frenar los cambios populares. Sucede que la señora de ojos vendados le hace guiños a los poderosos, actuando como lo hizo el ex juez Carbone, en beneficio de una estrategia dilatoria. Clarín se planteó como objetivo principal, patear la pelota para adelante, lo más lejos posible con la intención de no cumplir la Ley y especulando con el desgaste político del gobierno.
Primero fue llegar al 2011, perdieron; después a la legislativa del 2013, están en plazo. Nunca quisieron llegar al fondo de la cuestión. La función específica de la Justicia es la de aplicar la Ley, no la de hacerla. Si la constitucionalidad de la norma fuera cuestionada, su obligación es expedirse en el menor tiempo posible, garantizando el debido proceso, pero no actuando como virtual legislador demorando un pronunciamiento, como se hizo en este caso.
Si no, ¿deberíamos preguntarnos, dónde queda la voluntad popular, la justicia como valor y la función del Congreso? De los tres poderes constitucionales, dos son de naturaleza popular: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En ambos casos la legitimidad proviene del Pueblo, de su Soberanía a través del sistema de representación. En cambio, la legitimidad del Poder Judicial nace de la participación institucional de los otros poderes del Estado. Eso no lo menoscaba, pero tampoco lo eleva a custodio del orden político. Reitero, su misión es aplicar las leyes votadas por el Congreso y, eventualmente, analizar su constitucionalidad, no el de impedir su aplicación. Si el Poder Judicial ocupa un lugar que la Constitución no le concedió, se parecería peligrosamente al viejo partido militar, quienes se consideraban anteriores a la Patria y custodios de su misión.
Se necesita entonces un cambio. Una justicia que aplique las leyes y que, en un plazo razonable y ya vencido, garantice el imperio constitucional por sobre todas las cosas. Con los seis proyectos de Ley que la Presidenta de la Nación remitió al Congreso, las reformas estructurales que se iniciaron en la Argentina desde el año 2003 llegan ahora a la Justicia, para democratizarla.
Nadie puede negarse al ingreso por concurso a la carrera judicial, ni al registro único de trámites, a la ampliación de las Cámaras de Casación para aliviar el trabajo de la Corte y menos aún a la publicidad de los patrimonios de todos los funcionarios de los tres poderes de Estado. Pero era necesario, además, reglamentar el derecho constitucional al amparo para evitar el festival de cautelares que la propia Corte había criticado y poner en marcha mecanismos más democráticos y participativos para poner en marcha el Consejo de la Magistratura.
El ex presidente Néstor Kirchner había dado el primer paso al establecer un mecanismo de participación y transparencia al designarse a los miembros de la Corte Suprema. Los nuevos integrantes pasaron por el derecho de oposición de la opinión pública y hoy tenemos una Corte que dista mucho de aquella de mayoría automática que permitió el desguace del Estado. Hoy, la propuesta de reforma a través de un conjunto de leyes, permitirá transparentar el funcionamiento tanto de la Justicia como del órgano político constitucional que es el Consejo de la Magistratura, garantizará mayor participación popular directa en la elección de sus miembros, igualará a los funcionarios judiciales al de los otros poderes del Estado y establecerá herramientas que eviten el abuso de posición de los grandes grupos económicos frente a la señora de ojos vendados.
La democracia se consolida con mayor democracia. Por eso, hoy más que nunca necesitamos poner en debate al Poder judicial, para que sea independiente de los poderes económicos, que cumpla con su función constitucional, y como dicen los escritos de rigor cada vez que los dejamos en los tribunales, lo que anhelamos es el "SERA JUSTICIA".