"El Gobierno de Córdoba no tiene facultades para clausurar antenas de la TDA", dijo López
El subsecretario General de la Presidencia consideró que la clausura de tres antenas de Televisión Digital Abierta pública y gratuita en Córdoba, "es un acto de censura gravísimo en democracia" e indicó que el gobierno cordobés "no tiene facultades jurídicas" para adoptar este tipo de medidas.
“Se trata de un acto de censura gravísimo en democracia, el gobernador José De la Sota clausuró, sin tener facultades para hacerlo, tres plantas retransmisoras de la Televisión Digital Abierta (TDA)”, dijo el subsecretario, Gustavo López en declaraciones radiales realizadas esta mañana.
Explicó además que “la radiodifusión es una materia federal que corresponde al Gobierno Nacional y el único organismo en poner antenas de radio, televisión o de teléfonos es la Comisión Nacional de Comunicaciones que hace todos los estudios pertinentes y después intervienen los municipios que dan el permiso del uso del espacio aéreo”.
“El gobernador de la Sota actuó sin facultades jurídicas y sin conocimientos técnicos de parte de la provincia porque para eso hay un organismo nacional; clausura tres antenas retransmisoras y le impide a 500 mil personas ver de manera gratuita televisión”, añadió
En ese marco, manifestó que la administración cordobesa “se carga la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica que prohíbe a los Estados ejercer cualquier acción de censura que impida el derecho de un ciudadano a dar, buscar o recibir información”.
“No es una acción menor porque mañana con esta idea se clausura una radio o se cierra un diario. Si hubiese sido una antena privada hoy hubiera estado en todas las tapas de los diarios. Creo que los medios del país deberían estar reflejando un acto de censura brutal”, afirmó.
Indicó además que “con la libertad de expresión no se juega, no puede alguien atribuirse una facultad que no tiene y privar a la gente de los derechos a la información, a la diversidad cultural, al entretenimiento y al de acceder de manera gratuita al servicio”
“Si hay una cosa igualadora es la TDA sobre todo en aquellos lugares que si uno no paga no tiene nada para ver, porque en estas localidades no hay, salvo en Rio Cuarto, canales de televisión”, afirmó y puntualizó que “se debería sospechar que en este caso un gobernador le hace el favor económico a un grupo concentrado y obliga a la gente a suscribirse al servicio de cable”.
Por último consideró que el mandatario provincial “comete el delito de abuso de autoridad y incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos; imagino que la defensora del Público de Radio y Televisión, Cynthia Otavviano presentará un amparo a la Justicia para que se corrija la medida mientras se estudia si se hace una denuncia penal por el hecho cometido”.
